Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de vivienda digna por el de vivienda adecuada y otorga facultades a Infonavit y Fovissste para adquirir, rehabilitar y construir viviendas directamente, así como urbanizar terrenos para enajenar o arrendar inmuebles. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular el resultado fue de 354 a favor, 95 en contra y cero abstenciones.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, transforma el modelo de operación de los institutos de vivienda, pasando de ser facilitadoras de crédito a intermediarias con capacidad de ejecución directa de proyectos habitacionales. La diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, presentó la propuesta que busca ampliar la oferta de viviendas para los trabajadores.
Durante el debate, legisladores del PAN y del PRI cuestionaron la disposición que permite utilizar las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los nuevos proyectos de construcción y rehabilitación. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó reservas sobre el uso de estos recursos en el marco de la nueva legislación.
En paralelo a la aprobación federal, el estado de Sonora se reportó como la primera entidad en aplicar el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar bajo el nuevo esquema. Las cifras indican que la meta inicial de construcción en dicha entidad era de 33,800 viviendas, la cual fue ampliada a 65,000 unidades. Actualmente, se encuentran en construcción 9,694 viviendas y hay 18,126 en fase de planeación.
La reforma establece un cambio conceptual relevante en la política habitacional del país, alineando la definición legal con estándares internacionales de vivienda adecuada. El dictamen aprobado modifica las atribuciones de los organismos nacionales para intervenir directamente en la cadena productiva de la vivienda, desde la urbanización hasta la entrega final.
Con esta modificación legislativa, el gobierno federal busca acelerar la producción de inmuebles para sectores de bajos ingresos, aunque persisten dudas en la oposición respecto a la gestión financiera de los fondos de los trabajadores. La ley reformada entrará en vigor tras las publicaciones correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.
