Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una reforma legal que permite la inversión de recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en proyectos de infraestructura pública estratégica, con énfasis en los sectores de hidrocarburos y electricidad. La votación en lo general registró 359 votos a favor, 80 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular la medida contó con 315 apoyos, 89 rechazos y ninguna abstención.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda y presidido por la diputada Carol Antonio Altamirano, de Morena, establece un marco para fomentar la participación pública, privada y social en obras consideradas prioritarias para la soberanía nacional. Durante la sesión, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar participó en la discusión del proyecto, que ahora pasa a manos del Senado para su revisión constitucional y eventual aprobación.
La legislación incluye un artículo transitorio que sujeta la ejecución de estos proyectos al cumplimiento estricto de la Constitución Política, la Ley de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Según el texto aprobado, estas disposiciones buscan garantizar la disciplina fiscal en el manejo de los fondos destinados al retiro de los trabajadores mexicanos.
Con esta decisión, el recinto legislativo da luz verde a un mecanismo financiero que vincula el ahorro de los jubilados con el desarrollo de infraestructura energética. La aprobación en ambas votaciones refleja el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios presentes en la sesión, superando la oposición representada por los 80 y 89 votos en contra registrados en cada etapa del proceso.
Una vez recibido en la cámara alta, el proyecto será analizado por los senadores para determinar su viabilidad jurídica y económica antes de convertirse en ley. De ser ratificado sin cambios mayores, se implementarían los lineamientos para canalizar capital hacia activos productivos en el sector energético bajo esquemas de garantía definidos en la normativa presupuestaria vigente.
