Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La coordinación de Morena en el Senado anunció que la votación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de aprobarla antes del receso de Semana Santa, aunque la fecha carece de confirmación oficial definitiva. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate político debido a sus implicaciones en la estructura de los cabildos municipales y la inclusión de mecanismos como la revocación de mandato.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, aseguró que existe la intención de llevar el dictamen a pleno la próxima semana. Medios como La Jornada reportan que el partido gobernante tiene planeado aprobar la reforma constitucional en esa fecha, contando con el respaldo general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), aunque estos aliados han manifestado reservas internas sobre ciertos aspectos de la propuesta.
La oposición ha expresado su rechazo contundente a la iniciativa. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, calificó la reforma como un ‘Plan Maduro’ y la equiparó con un golpe de Estado, argumentando que busca consolidar el control del ejecutivo sobre los órganos electorales. Por su parte, diputados y senadores de las fuerzas opositoras advierten que el texto final debilita la autonomía del Instituto Nacional Electoral y establece condiciones para una campaña permanente del gobierno federal.
Una de las críticas más específicas se centra en el impacto financiero y administrativo a nivel local. Elías Lixa Abimerhi, diputado federal, señaló que la reforma generará más gasto público en lugar de ahorro, al obligar a aproximadamente 1,100 municipios en todo el país a ampliar el tamaño de sus cabildos. Según los datos duros de la investigación, solo 56 municipios reducirían su número de integrantes, mientras que en estados como Yucatán, el 74% de las alcaldías tendrían que crear 221 regidurías adicionales.
En el seno de las bancadas aliadas, también surgieron cuestionamientos técnicos. Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del PT, junto con los senadores Alejandro González Yáñez y Liz Sánchez, han puesto sobre la mesa dudas respecto a la viabilidad constitucional de la revocación de mandato incluida en el paquete. Columnistas de opinión y analistas jurídicos, como los citados por López-Dóriga Digital, argumentan que este mecanismo es improcedente actualmente, pues no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito establecido en la Constitución para activar dicho proceso.
A pesar de las controversias y las discrepancias sobre los tiempos exactos de votación entre las fuentes informativas, la coalición gobernante mantiene la presión para sacar adelante la reforma en los próximos días. Se espera que, tras la aprobación en el Senado, se inicien los trabajos para la elaboración de las leyes secundarias necesarias para implementar los cambios en la materia electoral, un proceso cuyos plazos y detalles específicos aún no han sido detallados oficialmente por los coordinadores parlamentarios.
