Por Redacción
Ciudad de Mexico, 12 de agosto de 2026.- Casi dos años después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) transfiriera más de 300 mil expedientes, videos, fotografías y tarjetas al Archivo General de la Nación (AGN), la documentación continúa en proceso y no está disponible para consulta pública. Los archivos corresponden a actividades realizadas por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1965 y 1990.
De acuerdo con un documento entregado por el AGN, con corte al 24 de julio de 2026, se tiene un avance del 76.4% de cajas y unidades de instalación cotejadas y revisadas. La institución señaló que “actualmente los documentos del Centro Nacional de Inteligencia entregados al Archivo General de la Nación hasta septiembre de 2024, se encuentran en proceso de cotejo y revisión”.
El organismo explicó que debido a las características de cada soporte documental y el tiempo que demanda su revisión, “no es posible establecer una fecha de conclusión a los procesos citados”. Mientras los documentos se encuentran en proceso de incorporación, “sólo están disponibles para ser consultados por las autoridades de procuración e impartición de justicia”.
El AGN indicó que, posterior a la conclusión del cotejo para verificar el estado de conservación y garantizar el control y resguardo, “cualquier persona podrá consultarlos de forma íntegra”. El índice digital de lo transferido incluye fotografías y videos internos de la DFS, seguimiento a movimientos como la Liga Comunista 23 de septiembre, y registros de las primeras marchas del Orgullo Gay en la década de los ochenta.
Esta transferencia formó parte del decreto publicado en febrero de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De los organismos de dicha administración, el CNI fue el único que envió documentos al Archivo, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no envió ningún expediente a pesar de que el decreto se lo ordenaba.
Este martes 11 de agosto, la historiadora y buscadora Alicia de los Ríos Merino consideró que el amparo concedido por un tribunal colegiado representa un paso relevante para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos.
