Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles 21 de junio de 2026. Minutos después de la declaración, el juez instructor José Luis Calama rubricó un auto en el que indicó que el investigado no había logrado ‘desvirtuar los indicios racionales de criminalidad’.
Tras salir del juzgado, Zapatero pidió la confianza de los ciudadanos y aseguró: ‘Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo’. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas. ‘Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia’, afirmó Sánchez.
El juez Calama mencionó en sus indagatorias una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. Según el magistrado, no tiene claro si José Luis Rodríguez Zapatero era el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera.
Zapatero conoció al empresario Julio Martínez Martínez en 2011, año en que este compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa. Posteriormente, en febrero de 2020, Martínez montó la consultora Análisis Relevante, para la que trabajó el expresidente hasta finales de 2025. Sobre los fondos de esta empresa, el juez explicitó: ‘Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas’.
Ante esto, Zapatero describió sus labores de consultoría como ‘informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias’, aclarando que podían incluir viajes, comidas o consultas, y no necesariamente escritos. No obstante, un punto débil de su versión es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de dichas labores para Análisis Relevante.
En el sumario no existe ninguna prueba directa de que Zapatero ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para el rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.
