Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria por tres meses en el caso penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”. La medida judicial, dictada por la jueza Mariana Vieyra Valdés del Centro de Justicia Penal Federal, se tomó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó de forma reiterada a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación, vulnerando el derecho de defensa del imputado, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano.
El caso, registrado bajo la causa penal 325/2025, involucra el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, presuntamente vinculados a la organización criminal “Los Primos”, que operaba desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Farías Laguna, exalto mando de la Secretaría de Marina, enfrenta cargos por liderar esta red, mientras que su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, permanece prófugo de la justicia.
La defensa del exvicealmirante, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó ante el tribunal que la FGR incumplió con un plazo de cinco días para entregar la información solicitada, lo que imposibilitó la preparación adecuada de la defensa. Esta omisión por parte del Ministerio Público federal fue considerada por la jueza como una violación grave al debido proceso, lo que motivó la reapertura de la investigación complementaria para garantizar el acceso a toda la evidencia.
El imputado había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando violaciones procesales en su caso, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La resolución judicial de marzo de 2026 marca un punto crítico en un caso que expone la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y las tensiones entre las autoridades judiciales y la fiscalía en procesos de alto perfil.
El “huachicol fiscal” se refiere a un esquema de contrabando y evasión fiscal de combustibles que ha representado pérdidas millonarias para el erario público. La participación de altos mandos militares en este tipo de ilícitos ha generado especial preocupación por la corrupción dentro de las fuerzas armadas, tradicionalmente consideradas como una de las instituciones más confiables del país.
Con la nueva investigación en marcha, se espera que la FGR cumpla con la entrega de toda la evidencia recolectada, mientras la defensa busca demostrar las irregularidades en el proceso. El caso continuará bajo estrecha vigilancia judicial, con implicaciones potenciales para otros funcionarios públicos y militares que puedan estar vinculados a la red de contrabando.
