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Violencia en Baja California: Fiscalía busca 120 años de cárcel para ‘La Tía’ y reportan balaceras en Tijuana y Mexicali

Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California solicitará una pena máxima de 120 años de prisión para María de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras se registran nuevos incidentes violentos en Tijuana y Mexicali. Los hechos, ocurridos entre el 13 y 14 de marzo, incluyen una balacera en un taller mecánico de la colonia Anexa Postal y un ataque con motocicleta en la colonia Baja California, en un contexto de escalada delictiva en la región.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez confirmó que se buscará la sentencia máxima contra Damián Andrade, detenida el 27 de febrero, por su presunta participación en delitos contra la salud y delincuencia organizada. Aunque no se integró un video incriminatorio a la carpeta de investigación, testimonios lo mencionan como evidencia clave.

Paralelamente, agentes municipales reportaron un enfrentamiento armado la tarde del 13 de marzo en un taller de la colonia Anexa Postal de Tijuana, donde sujetos no identificados dispararon contra el lugar, aunque no se reportaron víctimas. Horas después, en la mañana del 14 de marzo, vecinos de la colonia Baja California en Mexicali presenciaron cómo individuos armados y encapuchados llegaron en motocicleta y dispararon contra una víctima, cuyo estado de salud se desconoce.

Estos incidentes se suman a antecedentes recientes, como el atentado del 16 de febrero contra Luis Jorge Arredondo Maravilla en Tijuana, y la desaparición de Rogelio Santander el 6 de mayo de 2025, cuyos casos permanecen bajo investigación. La Fiscalía analiza además videos para identificar a responsables de daños estimados en un millón de pesos durante manifestaciones del 8 de marzo, aunque afirma que no hay órdenes de aprehensión al respecto.

El panorama de seguridad en Baja California refleja la complejidad de la violencia delictiva, que incluye conflictos entre empleados de empresas privadas, operativos contra el CJNG y ataques comunitarios, con la FGE como principal actor en las investigaciones en curso.

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