Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas, marca un avance significativo en el caso relacionado con el contrato millonario para la construcción de la planta fotovoltaica Next Energy, firmado durante su administración.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California resultan verosímiles para iniciar un proceso penal en contra del exmandatario. El caso se centra en un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos a 30 años, mediante el cual se autorizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la empresa contratista, aun cuando el proyecto carecía de los permisos federales necesarios y la obra nunca fue construida.
Durante la comparecencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó una estrategia jurídica para desestimar la imputación. Los representantes argumentaron la incompetencia de la autoridad que lleva el caso y sostuvieron que los hechos ocurrieron fuera del periodo de gestión del exgobernador, específicamente en lo referente al desembolso de los recursos. Asimismo, cuestionaron la tipificación del delito de uso ilícito de facultades, alegando que se trato de un contrato de servicios y no de un crédito fiscal.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez resolvió proceder con la acción penal. La resolución establece un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y fijó como medida cautelar el pago de 100 mil pesos. Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de tensión política entre Bonilla, quien actualmente lidera el Partido del Trabajo (PT), y la gobernadora en turno, Marina del Pilar Ávila, militante de Morena, partido por el cual Bonilla llegó al ejecutivo estatal entre 2019 y 2021.
El proceso contra el exgobernador había permanecido estancado durante casi cuatro años debido al fuero constitucional que ostentaba como senador, así como por diversas ausencias en audiencias. Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación para forzar su comparecencia. Con esta vinculación, Bonilla se convierte en el primer exgobernador surgido de las filas del partido oficialista en enfrentar un proceso por corrupción impulsado desde la administración estatal actual.
