Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana, identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio culposo en agravio de Carlos Dámaso López, quien falleció en mayo de 2022 tras ser detenido violentamente. Los hechos, ocurridos en abril de ese año en un establecimiento de Playas de Tijuana, se suman a un caso separado donde otro expolicía, Billy ‘N’, fue sentenciado a más de 25 años de prisión. En paralelo, habitantes de la colonia Santa Fe en la misma ciudad realizan una colecta de firmas para exigir la construcción de un hospital, luego de que una menor falleciera por falta de atención médica oportuna.
Los hechos que llevaron a la vinculación a proceso de los expolicías se remontan al 27 de abril de 2022. Según la investigación, los ahora imputados, que en ese momento eran elementos activos de la policía municipal, detuvieron de manera violenta a Carlos Dámaso López dentro de un local con servicio de internet y máquinas tragamonedas ubicado sobre el bulevar Pacífico y la calle del Granizo, en Playas de Tijuana. La víctima falleció semanas después, el 18 de mayo de 2022, a consecuencia de las lesiones sufridas durante la detención.
Este caso se enmarca en un patrón de violencia policial que ha sido documentado en la frontera. En un proceso judicial separado, otro expolicía municipal, Billy ‘N’, fue sentenciado a 25 años y 3 meses de prisión por el homicidio calificado de una mujer de 68 años, ocurrido también en 2022. La sentencia se dio tras un juicio abreviado, aunque el destino de su cómplice en ese crimen no fue especificado en la información disponible.
Mientras los procesos judiciales avanzan, en otra zona de Tijuana crece el descontento social por la falta de servicios de salud. En la colonia Santa Fe, vecinos salieron a las calles para recolectar firmas y exigir la construcción de un hospital. La movilización ciudadana surgió luego de que una niña falleciera, según los habitantes, por no recibir atención médica a tiempo. “Llevamos años pidiendo un hospital y no nos hacen caso”, declaró Guadalupe, una residente de la zona.
Otra vecina, Silvia González, respaldó la demanda y señaló el abandono histórico que sufre la comunidad. “Aquí nos sentimos olvidados, cuando alguien se enferma de gravedad tenemos que ir hasta el otro extremo de la ciudad, y a veces es demasiado tarde”, afirmó. La diputada federal Evangelina Moreno se ha sumado a la petición, aunque hasta el momento no se conoce una respuesta concreta ni un plan de acción por parte de las autoridades de salud estatales o municipales para atender esta demanda.
El contexto legislativo estatal muestra una disparidad en la asignación de recursos. Recientemente, el Congreso de Baja California aprobó un presupuesto de 300 mil pesos para gastos de representación en comisiones legislativas, cifra que los vecinos de Santa Fe contrastan con la falta de inversión en infraestructura médica básica para sus colonias. La situación en Tijuana evidencia dos caras de una crisis: la impunidad en casos de abuso de autoridad y la desatención a necesidades urgentes de la población, lo que mantiene un clima de desconfianza y exigencia de justicia.
