Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos y en las remuneraciones de funcionarios electorales. En el proceso legislativo se excluyó la modificación al artículo 35 constitucional que hubiera permitido adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, una pieza central de la propuesta original impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la votación, diversos actores políticos emitieron posturas encontradas sobre el resultado. Morena calificó la aprobación como un triunfo del pueblo de México, asegurando en redes sociales que con esta medida la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI celebró la modificación al dictamen.
En el ámbito técnico, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión de Organización, señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación es un punto positivo para la equidad de la contienda, persiste una tremenda complejidad operativa para los comicios del año entrante. El funcionario explicó que el reto continúa debido a la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha, lo que obligará al organismo a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal.
Previo a la aprobación de la reforma, la Presidencia del INE hizo llegar un documento al Senado donde argumentó que eliminar el llamado ‘bono electoral’ resultaría más costoso que mantenerlo, debido al pago de horas extras. Según el texto, el instituto pagó 2,419 millones de pesos por este concepto en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral federal de 2024 y mil 5 millones en 2025 para la elección del Poder Judicial.
La estimación del organismo electoral indicó que, sin el bono y bajo un esquema de 12 horas extras semanales, el gasto en 2022 habría ascendido a 603.5 millones, cifra superior a lo efectivamente pagado. Con la conclusión de este episodio legislativo, se cierra una etapa en la que la administración federal invirtió capital político para intentar una reforma de fondo, quedando pendiente cualquier otra iniciativa que requiera el apoyo de los partidos satélites de la coalición oficial.
