Por Monserrat Californias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para resolver una serie de amparos en los próximos meses. Esto ocurre luego de que el 5 de junio el Congreso de Guanajuato rechazó despenalizar el aborto con una votación de 19 en contra y 17 a favor.
Mientras tanto, colectivos feministas y diputados de Movimiento Ciudadano preparan nuevos recursos jurídicos, como la solicitud de alerta de género por agravio comparado y amparos colectivos. La SCJN evaluará si el estado incurrió en desacato al no armonizar su legislación local con el fallo constitucional de 2021.
La decisión de la Corte representa un impacto directo para las mujeres y personas gestantes en Guanajuato. Si los amparos son admitidos y resueltos a favor, se abrirían servicios médicos seguros y accesibles en la entidad, conforme al criterio ya establecido a nivel federal desde 2021.
Esto garantizaría abortos libres de estigmatización y adecuados protocolos sanitarios ¿Cómo podría cambiar la vida de quienes antes temían ser penalizadas por decidir interrumpir su embarazo?
Entre los argumentos a favor, defender el amparo supondría favorecer la autonomía reproductiva y reducir la persecución penal. Las mujeres ya podrían acceder a procedimientos sin temor a proceso, y se alinearían los servicios de salud con estándares internacionales.
En cambio, quienes están en contra advierten que podría aumentar el número de interrupciones, aunque no hay evidencia sólida de incrementos significativos por despenalización. Además, algunos críticos encuadran el amparo como una imposición federal sobre la soberanía estatal.
Para los grupos en contra, mantienen la postura de que el aborto es un asunto moral y ético que debe regularse cuidadosamente. Temen que se pierda “la protección a la vida desde la concepción” y cuestionan el rol de la SCJN como legislador permanente.
Por otro lado, sectores feministas enfatizan que mientras Guanajuato continúe criminalizando, la desigualdad y violencia institucional persistirán. En el último año, la Fiscalía estatal abrió ocho carpetas de investigación por aborto, lo que evidencia el choque entre ley local y jurisprudencia federal.
