Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional. La decisión, notificada el 24 de marzo, ha generado un debate sobre la independencia de la sociedad civil frente al gobierno federal, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como un procedimiento técnico y autónomo de la autoridad fiscal.
De acuerdo con las cifras manejadas en el entorno del caso, la revocación abarca específicamente a 113 entidades, aunque otras fuentes mencionan un impacto de hasta 270 organizaciones dentro de un padrón que supera los 10 mil registros. El SAT justifica la medida como un cumplimiento de requisitos legales, citando incumplimientos normativos como los establecidos en la Ley de Ciencia, y sostiene que se trata de una validación administrativa rutinaria sin motivaciones políticas.
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a los medios que desconoce los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, enfatizando que la decisión corresponde exclusivamente al SAT. La mandataria recordó que en la administración anterior también se retiraron permisos, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción, bajo el argumento de recibir financiamiento del extranjero, buscando con ello contextualizar la acción dentro de marcos legales previos.
Por su parte, Amnistía Internacional México ha interpretado la revocación masiva como una medida de carácter político que debilita la capacidad de operación de la sociedad civil. La organización señala que existe una tendencia regional de restricciones y denuncia una carga administrativa excesiva, así como requisitos reiterativos que complican la permanencia de las donatarias en el registro oficial, contrastando esta situación con la agilidad mostrada en otros casos.
El contexto de la polémica incluye señalamientos sobre la disparidad en los tiempos de resolución de trámites. Mientras algunas organizaciones enfrentan procesos que pueden extenderse hasta dos años o ven cancelados sus permisos, se ha destacado la autorización exprés en dos días otorgada a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente López Obrador, un contraste que las fuentes críticas atribuyen a discrecionalidad aunque no ha sido aclarado oficialmente por la autoridad tributaria.
La revocación del estatus de donatarias implica que estas organizaciones pierden la capacidad de emitir recibos deducibles de impuestos (ISR) para sus donantes, lo cual afecta directamente su flujo de financiamiento y operatividad. La situación pone a prueba la relación entre el Ejecutivo federal y los organismos de vigilancia y pensamiento crítico, en un escenario donde la interpretación técnica del SAT colisiona con la percepción de un cerco institucional a la sociedad civil organizada.
