Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B, iniciativa presidencial que modifica cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana, enfrenta estancamiento en el Senado de la República debido a la oposición del Partido del Trabajo (PT) y discrepancias sobre su avance legislativo.
La propuesta incluye un tope presupuestal del 0.7% para congresos locales, reducción del número de regidores y síndicos municipales, y establece que la revocación de mandato presidencial se realice en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas. Este último punto genera resistencia del PT, que considera que beneficiaría electoralmente a Morena.
Existen versiones contradictorias sobre el estado del dictamen. Ignacio Mier Velazco anunció su dictaminación para el 24 de marzo, mientras que otras fuentes parlamentarias indican que fue postergado hasta después de Semana Santa debido al rechazo del Partido del Trabajo. Óscar Cantón Zetina asegura que Morena cuenta con los votos necesarios en comisiones, aunque Ricardo Monreal señala que la presidenta es consciente de que puede no alcanzar los votos requeridos en el Congreso.
La oposición representada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano ha solicitado retirar la iniciativa. Mientras tanto, siete consejerías del Instituto Nacional Electoral, integradas por Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, han emitido un posicionamiento sobre la reforma.
Entre los involucrados en las negociaciones figuran la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el líder de Morena Ignacio Mier Velazco, el coordinador Ricardo Monreal, y el líder del PT Alberto Anaya. Las discusiones continúan en busca de acuerdos que permitan avanzar con la dictaminación de la reforma constitucional.
El debate legislativo se desarrolla en un contexto de tensión política donde convergen intereses de múltiples actores. La falta de consenso sobre puntos clave como la fecha de la revocación de mandato y el impacto presupuestal de las modificaciones mantiene la iniciativa en estado de incertidumbre parlamentaria.
