Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe. Albán señaló que, si bien el desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable.
El gobierno mexicano calificó el documento de la ONU como tendencioso y sesgado, sosteniendo que la resolución se basa solamente en casos anteriores a 2017. Sin embargo, Albán rechazó esta afirmación. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa.
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe. La legisladora advirtió que el Comité ha encontrado indicios fundados de que se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática. López Rabadán afirmó que el informe representa una oportunidad de ayuda y no debe ser descalificada.
La presidenta de la Cámara de Diputados detalló la crisis forense actual: hay 72 mil restos humanos sin identificar, cifra que representa 20 mil más desde que el Comité visitó el país en 2021, cuando se registraban 52,004 cuerpos. Además, se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. Es urgente erradicar la impunidad y mejorar las capacidades forenses.
López Rabadán manifestó que se debe éticamente hacer algo y no entrar en una discusión con la ONU, sino pedirle que analice la crisis de desaparecidos para que México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada. Advirtió que el país no puede convertirse en referente internacional en desapariciones y necesita verdad, justicia y respuestas.
En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal. María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas y destacó que el documento deja claro que no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones.
