- Empleados del Instituto informan ser forzados a adquirir rifas y aportar cada quincena, bajo amenazas de consecuencias laborales.
- Solicitan la ayuda de la presidenta Sheinbaum, la Secretaría Anticorrupción y la Dirección General del ISSSTE para investigar acusaciones contra una funcionaria.
Ciudad de México, octubre de 2026.— Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha señalado posibles casos de extorsión y abuso de poder, enfocándose en la forzada compra de boletos para rifas y exigencias de aportes económicos, situaciones que, declaran, ocurren en las oficinas principales de la entidad.
Un documento divulgado por los denunciantes indica que María del Rocío Vilchis Espinosa, quien supuestamente desempeña el cargo de subdirectora de Atención al Derechohabiente del ISSSTE, estaría obligando a sus subordinados a adquirir boletos y aportar sumas periódicas, en teoría para sostener a familiares enfermos.
Los afectados aseguran enfrentar despidos y sanciones si se niegan a aceptar estas condiciones, lo cual ha causado intranquilidad enojo dentro del personal con varios grados de funciones.
Según los informes, alrededor de 400 empleados podrían estar afectados por estas prácticas, un dato que requiere confirmación de las autoridades respectivas.
El descontento llevó al personal a manifestarse con carteles en sus lugares de trabajo, incitando a otros a que denuncien anónimamente cualquier presión o represalia.
"Si te forzaron a participar en rifas y sufriste represalias, no estás solo", se lee en uno de los mensajes citados.
Las sospechas también apuntan al uso de los fondos, dado que no se ha ofrecido evidencia sobre los montos recaudados ni certeza de su destino.
Ante los señalamientos, los afectados pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y al director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, que se lleve a cabo una investigación justa y detallada para aclarar los eventos y, de ser necesario, asignar responsabilidades.
Se pidió asegurar la confidencialidad de las denuncias y proteger a los trabajadores de cualquier posible retribución negativa por rechazarse a hacer aportaciones económicas fuera de su labor.
Los denunciantes llaman a revisar la existencia de posibles tácticas coercitivas, cobros no justificados o conductas alegadamente contrarias a la normativa del servicio público, especialmente si existe una relación jerárquica entre el que solicita y los presionados a entregar.
Este caso genera interrogantes sobre los canales de monitoreo interno, resguardo de derechos laborales y rendición de cuentas en una de las más prominentes instituciones de seguridad social en el país.
Quienes reportaron el caso, preservando su anonimato por temor a represalias, quieren que las evidencias sean evaluadas mediante un estudio independiente, objetivo y formal. Hasta el momento, no hay respuesta de la funcionaria acusada ni una declaración oficial del ISSSTE.
Los empleados solicitan que las denuncias sean atendidas y que se evite que cualquier trabajador sea forzado a aportaciones o actividades ajenas como condición de su puesto.
Los perjudicados llaman a enviar testimonios "totalmente anónimos" al correo: [email protected]


