* Acusa a la empresa y a sus representantes legales de utilizar el proceso penal para presionar a Felipe Agustín Núñez López, quien mantiene un litigio laboral desde 2020; audiencia del 29 de octubre fue diferida por documentación faltante, según informó la defensa, que también cuestionó la limpieza del juicio desde que se promovió el procedimiento.
* El conflicto laboral generó cuestionamientos de Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte: “Pareciera que se atrajo el asunto para proteger intereses de la multinacional”, sostuvo en su voto particular.
Ciudad de México.— La defensa de Felipe Agustín Núñez López, exdirectivo con más de 30 años de trayectoria en la industria de bebidas en México, denunció presuntos actos de corrupción, manipulación del procedimiento y abuso de poder que atribuye a Coca-Cola y a sus abogados, en el contexto de una causa penal derivada del conflicto laboral que sostiene con la empresa desde hace casi seis años.
El representante legal del exdirectivo sostiene que la compañía y sus abogados estarían utilizando su capacidad económica e influencia corporativa para presionar a las autoridades judiciales y orientar el procedimiento en favor de sus intereses. A su juicio, la vía penal se ha convertido en un instrumento de presión contra quien acudió a reclamar derechos laborales.
Los señalamientos se producen después de que la audiencia inicial de la causa penal 431/2026, programada para el 29 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, fuera diferida por documentación faltante, según informó la defensa.
La representación legal sostiene que no ha recibido la carpeta de investigación completa y señaló formalmente los faltantes ante la autoridad. También acusa que los retrasos y omisiones en la entrega de documentación responden a maniobras para obstaculizar su actuación y limitar la posibilidad de conocer y controvertir los elementos de la acusación.
Del reclamo laboral a la denuncia penal
Núñez López mantiene desde 2020 un juicio por despido injustificado contra Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAG) y The Coca-Cola Export Corporation, identificado con el expediente 1516/2020 ante la Junta Especial 16.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por su defensa, la denuncia penal presentada en 2026 se relaciona con las respuestas que dio el exdirectivo durante una prueba confesional dentro de ese mismo procedimiento laboral.
La representación legal sostiene que la propia Junta determinó en 2022 que esas respuestas carecían de validez y valor probatorio. Por ello, cuestiona que ahora se utilicen como fundamento de una acusación penal contra el trabajador.
Para la defensa, esta actuación es una estrategia de intimidación que busca incrementar la presión sobre Núñez López al colocar en riesgo su libertad y reputación mientras continúa la disputa laboral con la empresa.
Lenia Batres cuestionó el tratamiento del caso en la Suprema Corte
El conflicto laboral tiene un antecedente de cuestionamiento dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su voto particular relativo al amparo directo 12/2025, resuelto por la Segunda Sala el 2 de julio de 2025, la ministra Lenia Batres Guadarrama expresó su desacuerdo con la decisión de la mayoría de conceder el amparo a la parte patronal y ordenar la reposición del procedimiento.
Batres cuestionó que la Corte hubiera atraído este asunto cuando, según expuso, durante su encargo se habían desechado 14 solicitudes de atracción promovidas por trabajadores. Consideró, además, que el caso no planteaba una cuestión de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional que justificara esa intervención.
“Pareciera que se atrajo el asunto para proteger intereses de la multinacional”, escribió la ministra.
La mayoría había determinado que debían revisarse el planteamiento de la controversia y la valoración de las pruebas, así como establecer si The Coca-Cola Export Corporation tenía responsabilidad patronal solidaria. Batres discrepó de ese razonamiento al considerar que dejaba de lado el punto central: si existió la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral.
En su voto sostuvo que demostrar la existencia de un programa de retiro o supuestas acciones del trabajador para incorporarse a él no sustituía la firma del convenio correspondiente ni su ratificación ante la autoridad laboral. También señaló que no se encontraba probada en el expediente la exhibición del aviso de terminación al que hizo referencia en su argumentación.
El voto particular documenta una discrepancia dentro de la Corte sobre el tratamiento del litigio laboral. Se refiere a ese procedimiento y no constituye un pronunciamiento sobre la causa penal iniciada posteriormente contra Núñez López ni una determinación de corrupción.
Cuestionan competencia del tribunal y acceso al expediente
El abogado del exdirectivo también afirma que el procedimiento penal se promovió ante un tribunal de la Ciudad de México, que carece de competencia para conocer del asunto. La defensa incluye este punto entre las irregularidades que denuncia y cuestiona las condiciones en que se ha desarrollado el proceso.
Su planteamiento vincula ese cuestionamiento con la entrega incompleta de la carpeta de investigación y con el uso de la vía penal en una disputa originada en la relación de trabajo.
Al término de la audiencia del 29 de octubre, los medios presentes intentaron obtener una declaración de la representante legal de la parte denunciante, quien rechazó conceder una entrevista para responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación.
Al cierre de esta nota no se cuenta con una respuesta de las empresas señaladas o de sus representantes legales sobre estas acusaciones. Los señalamientos de corrupción, manipulación y abuso de poder corresponden a la posición de la defensa; la información disponible no incluye hasta el momento un argumento en contra de la empresa demandnate, ni una resolución que los acredite.


