Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, calificándolo de parcial, sesgado y tendencioso. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al secretario general, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno mexicano criticó que no se haya tomado en cuenta la información entregada el 27 de marzo, antes de la publicación del documento.
Las autoridades federales argumentaron que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se limita a cuatro entidades.
En su defensa, el gobierno de México citó que “el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. No obstante, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El CED señaló que, aunque tomó nota de la postura del gobierno de que muchos delitos son perpetrados por grupos delictivos, recibió información fundamentada sobre la participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia en algunos casos.
El reporte menciona específicamente casos en Jalisco, donde autoridades están relacionadas con hallazgos en el Rancho Izaguirre, e incluye testimonios como el de “hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo”. México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Ante este escenario, la organización civil Idheas señaló que “el procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
