Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática tras confirmarse 14 muertes de connacionales en centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir la crisis de derechos humanos, luego de la muerte más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de la estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de acceso a servicios básicos.
Además de la acción judicial en territorio estadounidense, el Ejecutivo federal llevará por primera vez esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también enviará cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos exigiendo una investigación exhaustiva.
La SRE informó que en el centro de Adelanto, gestionado jurídicamente por el ICE aunque operado por la empresa privada GEO Group, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente y declarado muerto posteriormente en un hospital. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó como “inaceptable” la tendencia alarmante de muertes y la falta de flujo de información sobre la situación de los detenidos, de los cuales el 50% son connacionales con más de 10 años de residencia en Estados Unidos.
La ofensiva diplomática incluye reuniones con familias de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, así como contacto con autoridades clave como el fiscal de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, mientras se propone el envío de una carta de la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. rechazó las acusaciones afirmando que los estándares son adecuados y que se brindó atención médica en los casos reportados, fuentes judiciales indican que un juez federal ordenó recientemente garantizar el acceso a abogados en otros centros de detención como Alligator Alcatraz en Florida, tras demostrar que las condiciones limitaban el derecho a la defensa. En contraste, el gobierno mexicano sostiene que existe un patrón sistemático de abusos y negligencia que ha derivado en 14 decesos en apenas 14 meses.
