Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, así como a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión judicial establece un plazo de dos meses para la investigación y dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien permanecerá recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.
La resolución se emitió en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2026, marcando un nuevo capítulo en el caso que ha mantenido a la opinión pública atenta durante más de una década. La Fiscalía General de la República (FGR) es la institución encargada de llevar adelante las diligencias contra las exfuncionarias, cuyas acciones están siendo examinadas en el contexto de la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos clave para esclarecer los hechos de aquella noche.
Existen discrepancias en los reportes respecto a la naturaleza exacta de los delitos por los cuales se vincula a Blanca María del Rocío Estrada Ortega. Mientras algunas fuentes indican que la imputación se centra directamente en el caso Ayotzinapa, otras especifican que la vinculación deriva de la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, así como delitos contra la salud. No se ha aclarado si ambas exfuncionarias enfrentan los mismos cargos o si existen diferencias en sus situaciones legales.
El caso Ayotzinapa refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. La investigación actual busca determinar la participación específica de las exfuncionarias en los eventos que propiciaron la impunidad o el encubrimiento de dichos crímenes, incluyendo la manipulación de evidencias videográficas en el Palacio de Justicia de la localidad.
Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre completo de la segunda involucrada, Margarita A., ni se especificó el tribunal federal exacto que emitió la resolución, más allá de la identificación de la jueza Nora Ileana García Peralta. Tampoco se detalló la hora precisa en que se llevó a cabo la audiencia donde se formalizó la vinculación a proceso.
Con la orden de prisión preventiva oficiosa para la ex subprocuradora, la FGR continúa con las indagatorias que podrían derivar en nuevas responsabilidades para funcionarios que ocuparon cargos durante el periodo en que se cometieron los hechos. La sociedad mexicana mantiene la expectativa de que estas acciones judiciales contribuyan a avanzar hacia la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el país.
