Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo en los tribunales militares de Cisjordania. La votación resultó en 62 votos a favor y 48 en contra, según una fuente, mientras que otro reporte indica 64 votos a favor y 48 en contra.
La legislación, impulsada principalmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, obliga a los tribunales militares a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian circunstancias especiales. La decisión de imponer la sentencia no requiere unanimidad, bastando con una mayoría simple, y la ley elimina el derecho de apelación.
La norma establece que la sentencia debe emitirse en un plazo de 90 días y permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento. Además, impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. La ley se aplica exclusivamente en tribunales que juzgan a acusados palestinos; los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil y no serían juzgados en estas instancias militares.
El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la medida. Según la investigación, la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para dichos casos.
Itamar Ben Gvir declaró que es un día de justicia para las víctimas y de disuasión para los enemigos, afirmando: “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”. El ministro calificó la norma como una medida disuasoria y una ley histórica, añadiendo: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre: muertos, callados y otra vez secuestrados”.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de racista y una flagrante violación del derecho internacional humanitario. En un comunicado, señaló que estas leyes no quebrarán la voluntad del pueblo palestino ni socavarán su resistencia, ni lo disuadirán de seguir con su lucha legítima por la libertad y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital.
