Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En el encuentro, donde también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria informó que se logró identificar a 10 personas que no habían sido involucradas previamente y que “hoy están detenidas”.
De acuerdo con lo expuesto en la reunión, los nuevos elementos en las indagatorias se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores utilizaron durante y después de los crímenes. Asistentes al encuentro señalaron que “se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y realizaron llamadas asociadas a la desaparición forzada”. La presidenta destacó que no se ha descartado ninguna línea de investigación y mencionó que hasta ahora están detenidos 17 militares presuntamente implicados.
A pesar de reconocer los avances, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, indicó que esto aún es insuficiente para conocer el paradero de los estudiantes. Durante la sesión, los padres y sus representantes legales insistieron en varias demandas, entre ellas que el Ejército entregue los ‘folios’ de la información que posee y que hasta ahora no se ha dado a conocer, la cual consideran clave para dar con el paradero de sus hijos. También exigieron que se entreguen elementos suficientes para fincar responsabilidad por los hechos a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien está detenido desde principios de este mes.
Las familias demandaron además el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones. Sobre esta solicitud, Vicario indicó que “hubo un compromiso de la Presidenta, que encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo, procesado por su presunta participación en los hechos y quien enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había pedido a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, como víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver una suspensión en el amparo promovido por el militar.
