Por Luis Martínez Alcántara
El virtual presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortíz, alcanzó 6 195 612 votos —solo el 5.3 % del total— en la inédita elección judicial del 1 de junio de 2025, en la que participó apenas el 13 % del padrón electoral.
Este bajo índice de participación —87 % de abstención— marca un hito preocupante en la democracia mexicana y pone en entredicho la legitimidad del nuevo proceso. A pesar de ello, Aguilar se mantiene como virtual presidente de la SCJN, según los resultados oficiales.
En su primer mensaje, Aguilar pidió expresamente un “voto de confianza” a los millones que no acudieron a votar por él ni por ningún otro candidato judicial. Dirigiéndose “a todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo”, aseguró que la SCJN será “de todos y para todos”. Con este llamado, busca dar legitimidad a su nombramiento frente al cuestionamiento surgido por el altísimo porcentaje de abstención.
Aguilar, abogado mixteco originario de Oaxaca, será el primer indígena en presidir la SCJN en más de 100 años, desde Benito Juárez en 1857–1858. Esta distinción histórica ha resonado entre las comunidades originarias: “Ya nos tocaba a los pueblos un espacio digno…” declaró el virtual futuro presidente. Su llegada representa un acontecimiento simbólico para los más de 23 millones de indígenas en el país.
Pese a ello, tanto defensores como críticos advierten que esta elección pudo debilitar el Poder Judicial: la baja participación, la cercanía de los electos con Morena y el proceso en sí generaron inquietud sobre independencia judicial. En respuesta, Aguilar prometió fortalecer el pluralismo jurídico y asegurar que la Corte sea “cercana al pueblo”, con certeza para todos. Asegura que la elección amplía la representatividad del tribunal, no la empobrece.
Aguilar empezará su gestión formal el 1 de septiembre próximo, con un mandato de dos años en la presidencia rotativa de la SCJN, seguido por la ministra Lenia Batres. Aun así, complicaciones persisten: la legitimidad de su liderazgo, la falta de participación ciudadana y los vínculos políticos mantendrán abierta la discusión. El llamado de Aguilar a confiar en una Corte plural y representativa enfrenta ahora el reto de demostrarlo con hechos.
