Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazaron públicamente las versiones difundidas en medios internacionales que indican que Estados Unidos les ha retirado la visa y que se encuentran bajo investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El reporte, atribuido al diario Los Angeles Times y a los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, señaló que ambos mandatarios estarían siendo investigados por tráfico de combustible pirata y que, aunque se les habría revocado la visa, continuarían ingresando al país vecino mediante autorizaciones especiales. El documento también mencionó al gobernador Rubén Rocha en la lista de funcionarios bajo escrutinio.
En respuesta, Alfonso Durazo Montaño afirmó que mantiene vigente su documento migratorio y aseguró no haber recibido notificación alguna por parte de las autoridades estadounidenses. “No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, declaró el gobernador sonorense.
Durazo enfatizó su postura al señalar: “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su vocero Gerardo Algarín, negó de manera categórica la acusación de que Villarreal esté siendo investigado por huachicol en Estados Unidos, calificando lo publicado como “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.
Ante el trascendido, Lilian Soto, vocera del gobierno de Arizona, informó que se sigue de cerca la situación. “Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca. México es nuestro principal socio comercial internacional, mantenemos una relación histórica muy importante. Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”, expresó Soto.
Respecto a estas acciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado este tipo de medidas como posibles actos de injerencia que tensan la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
