Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Juan Bernardo Corona Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública estatal, y 14 agentes de la Policía Estatal, en relación con un operativo realizado en abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó la emisión de los mandamientos judiciales. Las imputaciones contra los involucrados incluyen los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, derivados de las acciones llevadas a cabo durante el despliegue policial ocurrido hace nueve años.
De acuerdo con los datos duros del caso, el operativo del 5 de abril de 2017 resultó en el asesinato de cuatro personas. Asimismo, se reportaron siete policías heridos durante el enfrentamiento. La investigación fiscal señala la existencia de 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias cometidas en el contexto de dicha intervención.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a la magnitud del despliegue y el motivo inmediato de la acción. Mientras algunas versiones indican la participación de alrededor de 200 elementos policiales, otras elevan la cifra a más de 800 efectivos. De igual forma, varía la descripción del bloqueo que precedió al operativo: se menciona desde el cierre de una carretera y una disputa por 512 hectáreas de bosque, hasta la recuperación de vehículos retenidos por la comunidad, con reportes que oscilan entre 20 y cerca de cien vehículos de carga involucrados.
Para Silvano Aureoles Conejo, esta resolución representa la segunda orden de aprehensión en su contra; previamente fue requerido por la justicia el año anterior por un presunto desfalco millonario vinculado a la construcción de estaciones policiacas. Con estos nuevos mandamientos, la Fiscalía busca dar cumplimiento a la justicia por los graves violaciones a derechos humanos documentadas en el informe correspondiente a los sucesos de Arantepacua.
