Por Redacción
Ciudad De México, 13 de agosto de 2026.- El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Javier May Rodríguez. La denuncia fue tramitada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde el exfuncionario permanece bajo prisión preventiva.
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, quien tuvo acceso a la queja de once páginas y a una carta manuscrita de Bermúdez Requena, señaló que en el documento se precisan los momentos en los que el mandatario estatal ha sido un “juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”.
La queja se centra en tres episodios específicos. El primero ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora y respondió: “Todos saben”, tras señalar afirmativamente al exfuncionario. El segundo momento fue el 22 de septiembre de 2025, fecha en que el gobernador afirmó que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”.
El tercer episodio se registró el 31 de marzo de 2026, cuando Javier May declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos. Según el escrito, estos pronunciamientos generaron ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia.
Bermúdez Requena solicita a la CNDH que examine las declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, particularmente en su dimensión como regla de trato extraprocesal. La petición incluye que la comisión revise las pruebas aportadas, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de las autoridades.
En caso de que la CNDH determine que existió una violación a sus derechos humanos, el quejoso pide que se emita la recomendación correspondiente, así como una disculpa pública institucional. Asimismo, plantea que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.
