Torreón, 27 de marzo de 2026.- Afectados por un presunto esquema de fraude inmobiliario, conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, se manifestaron y bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila para exigir celeridad y justicia. Mientras las víctimas denuncian nula actuación y tortuguismo por parte de la autoridad, el delegado regional Carlos Rangel informó que existen 12 órdenes de aprehensión giradas y al menos dos mujeres detenidas en el marco de una investigación que suma aproximadamente 60 denuncias formales.
La discrepancia entre la versión oficial y los afectados es evidente. Por un lado, el delegado Carlos Rangel señaló que se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo y que la mayoría de las carpetas ya están integradas y judicializadas. Por otro lado, Alfonso Serrano, uno de los afectados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención, citarlos a las 9:00 a.m. para atenderlos hasta las 7:00 p.m. y de no responder llamadas a un número personal proporcionado, sosteniendo que las órdenes de aprehensión no sirven si no se ejecutan.
Según los datos duros del caso, el daño patrimonial reportado asciende a cerca de 19 millones de pesos. Las víctimas, agrupadas inicialmente en 27 personas, han señalado que solo dos casos han sido judicializados de las 60 denuncias presentadas, contradiciendo el reporte de la Fiscalía sobre el avance significativo en la integración de expedientes. Entre los principales implicados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas aseguran que huyó a España, aunque esta información carece de confirmación oficial independiente en los reportes actuales.
En cuanto a las detenciones, la autoridad confirmó la captura de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona que había sido liberada previamente tras alcanzar un acuerdo reparatorio avalado por la víctima. El funcionario explicó que este tipo de acuerdos son legales y no pueden ser impedidos por la autoridad cuando la parte afectada acepta la reparación del daño. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la localización de otros señalados como organizadores del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura.
El clima de tensión prevalece en la región Lagunera mientras los afectados mantienen su postura de que la actuación de la FGE ha sido insuficiente ante la magnitud del perjuicio económico. La Fiscalía, por su parte, mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias y asegura que la ley se aplicará parejo, incluso si existieran señalamientos contra funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales en curso.
