Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias que incluyen la obligación de una fianza de 15 mil dólares para ciudadanos de 12 países adicionales que soliciten visa de no inmigrante, como parte de una política de la administración del presidente Donald Trump. La medida, que entrará en vigor el 2 de abril próximo, amplía un programa existente que ahora abarcará a un total de 50 países, con el objetivo declarado de reducir los costos de deportación y asegurar el retorno de los viajeros. Los nuevos países sujetos al requisito son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Según cifras oficiales, el programa de fianzas ha registrado un 97% de cumplimiento entre los viajeros que han estado sujetos a él, lo que significa que la gran mayoría regresó a sus países de origen dentro del plazo establecido en sus visas. Las autoridades estadounidenses estiman que el costo promedio de una deportación es de 18 mil dólares, por lo que la fianza de 15 mil representa un ahorro significativo para el gobierno. La ampliación de la medida busca generar un ahorro estimado de 800 millones de dólares anuales para las arcas federales.
El programa no es nuevo, pero su expansión marca un endurecimiento en la política migratoria. Anteriormente, ciudadanos de 38 países, entre los que se encuentran varias naciones de África, Asia y Europa del Este, ya estaban sujetos a este requisito financiero. La fianza debe ser pagada antes de la emisión de la visa y es reembolsable una vez que el viajero cumple con los términos de su estadía y abandona Estados Unidos dentro del periodo autorizado.
La decisión se enmarca en el contexto de las políticas de control migratorio y fronterizo que han caracterizado a la administración Trump, las cuales han incluido restricciones a visas, mayores requisitos para asilo y la construcción del muro fronterizo con México. Analistas señalan que estas medidas buscan disuadir la migración irregular y priorizar la entrada de viajeros con recursos económicos que puedan garantizar su retorno.
La implementación de esta ampliación podría generar tensiones diplomáticas con los países recién incluidos en la lista, cuyos ciudadanos verán encarecido y complicado el proceso para obtener una visa estadounidense. Mientras tanto, el Departamento de Estado defiende la medida como un mecanismo eficiente para proteger los intereses del país y garantizar que los visitantes cumplan con las leyes de inmigración.
