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Detienen a Ernesto Ruffo Appel por presunta liderazga en red de huachicol; ingresa al Altiplano

Por Redacción

Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega le dictara prisión preventiva por su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. El exmandatario y otros cuatro imputados arribaron al centro penitenciario a las 14:15 horas, según informó La Jornada.

La detención de Ruffo Appel se concretó el jueves 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró instrucciones contra otros 24 imputados, entre ellos Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez había negado dicha orden. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Ruffo Appel como el líder de la organización criminal, acusándolo de los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.

La audiencia inicial contra el exgobernador y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El proceso se extendió por más de 30 horas, aunque algunas fuentes reportan que duró 40 horas. Durante la diligencia, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, desde donde “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito”.

Respecto al impacto económico, la fiscal Ernestina Godoy afirmó que la red vinculada a Ruffo Appel causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos, cifra que otra fuente especifica en 4,456 millones de pesos. Godoy declaró que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones.

Tras la audiencia, la FGR informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio. Mientras Ruffo y otros fueron enviados al Altiplano, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. No obstante, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió legalidad y debido proceso, mientras que Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.

Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, denunció que la audiencia inicial se desarrolló “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”. “El artículo 20 constitucional ordena que el proceso penal sea público. La ciudadanía no conoce razón alguna para cerrarlo”, expresó, exigiendo transparencia. Por su parte, Verónica, hija de Ernesto Ruffo Appel, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y pidió un juicio justo: “Exigimos, que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.

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