Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar el desplazamiento forzado interno en México, que afectó a 390,000 personas entre 2016 y 2024, con 28,900 nuevos casos registrados el año pasado. La crisis humanitaria, concentrada en estados como Morelos y Guerrero, se agrava por la impunidad en crímenes como el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, cuyo único acusado fue absuelto por fallas en la investigación ministerial.
El desplazamiento forzado documentado responde principalmente a disputas territoriales y violencia de grupos del crimen organizado trasnacional, que opera múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico, según análisis de medios nacionales. Estas organizaciones mantienen vínculos con entidades legales y estatales, complejizando el combate a su operación.
La Fiscalía federal presentó pruebas insuficientes contra Javier ‘N’ por el homicidio de Samir Flores, defensor comunitario opositor al proyecto hidroeléctrico de Morelos. Dos testigos clave fueron asesinados durante el proceso y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, lo que llevó a la absolución del presunto responsable.
Paralelamente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por el Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia exige un reconocimiento expreso de la culpabilidad de las fuerzas armadas, manteniendo el caso sin resolución completa.
Las cifras oficiales indican que el desplazamiento forzado incrementó a 15,795 personas durante 2025, reflejando una tendencia al alza en la crisis humanitaria. Organizaciones civiles alertan que la combinación de violencia criminal, impunidad y respuesta estatal insuficiente agrava la situación en regiones con alta presencia de grupos delictivos.
El contexto político enfrenta el desafío de diseñar estrategias integrales que combatan tanto las redes criminales como las fallas institucionales que permiten su operación. La atención de la CIDH al caso podría presionar al gobierno a implementar medidas concretas de protección a víctimas y reparación del daño en comunidades afectadas.
