Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentan en una disputa pública por la responsabilidad del colapso fatal de un edificio en San Antonio Abad 124 que causó la muerte de tres personas el pasado 9 de marzo. Las autoridades se culpan mutuamente por la falta de supervisión en la demolición del inmueble, que había sido autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades pese a que inicialmente se detectaron riesgos graves.
Rojo de la Vega sostiene que la responsabilidad de la supervisión recaía en el gobierno capitalino debido al Acuerdo de Facilidades que, según su declaración, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando que “no fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, Muñoz Santini, en conferencia de prensa, argumentó que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa y profundiza el conflicto institucional.
El permiso de demolición había sido negado inicialmente el 17 de octubre pasado debido a la detección de al menos 10 riesgos graves en la estructura del edificio. Sin embargo, apenas tres días después, el 20 de octubre, fue autorizado mediante el polémico Acuerdo de Facilidades, un mecanismo que permite agilizar trámites pero que ahora está en el centro de la controversia.
La falta de información sobre la identidad de la empresa propietaria del inmueble, así como la ausencia de detalles específicos sobre los riesgos detectados y la hora exacta del colapso, complican la investigación. Tampoco se han revelado los nombres de las tres víctimas mortales.
El conflicto expone las tensiones entre el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc y la administración capitalina, mientras las familias de las víctimas esperan que se determine responsabilidades. La investigación oficial continúa en curso para esclarecer si existió negligencia en el proceso de autorización y supervisión de la demolición.
