Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, envió un paquete de iniciativas al Congreso capitalino para endurecer las sanciones por extorsión, mientras el legislativo acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios en el recinto.
El proyecto de ley fue presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y plantea sanciones hasta con siete años de prisión a quienes cometan el delito. La iniciativa propone tres modificaciones clave al Código Penal local: derogar el artículo 148 Quáter, reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima, y crear un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo.
El delito de hostigamiento coercitivo contempla penas de tres a siete años de prisión. El Grupo Parlamentario de Morena indicó: “Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”. El Congreso local explicó que la legislación actual exige que la extorsión genere un resultado material para poder perseguirse.
La propuesta también incluye la reforma al artículo 253, para incorporar la extorsión federal y el nuevo delito dentro del catálogo de graves. La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que desde el recinto de Donceles y Allende se respaldarán estas medidas y habló de “cero tolerancia”.
Por otro lado, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios en el recinto legislativo de Donceles el pasado 9 de abril. Los disturbios ocurrieron durante una protesta de la Asamblea de Barrios y dejaron 5 trabajadores lesionados. Durante la movilización, un grupo intentó ingresar por la fuerza al inmueble, lo que derivó en un enfrentamiento con el personal de resguardo.
El presidente de la Mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo. En la reunión se entregó un borrador de protocolos para seguridad en manifestaciones. Jesús Sesma señaló: “El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”.
En Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que la modalidad delictiva de extorsión está en boga y llamó a la población a denunciar. En dicha localidad se realizó la décima cuarta reunión semanal de seguridad para afinar estrategias de prevención y vigilancia durante eventos deportivos programados para el fin de semana.
