Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- A través de cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, lo que ha representado ingresos que superan los 400 millones de pesos, tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Según información del Semanario ZETA, estas cinco empresas se distribuyen prácticamente los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para buscar a usuarios con retrasos de tres meses, notificarlos y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico exclusivamente a usuarios domésticos. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
El esquema actual presenta similitudes con el utilizado anteriormente por la empresa Fisamex, cuya gestión fue criticada por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, iniciándose investigaciones administrativas y penales contra dicha firma por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por conceptos de derechos de conexión al sector industrial y comercial. La diferencia señalada es que la actual administración decidió utilizar un esquema similar ampliado a toda la población, pero empleando mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana. Además, los cinco despachos actuales reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex.
En cuanto a la propiedad de estos despachos, dos de las empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas. Entre los propietarios identificados figura Josel Hernández Barroso, de la empresa BHA y Asociados, quien es hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y previamente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según datos ofrecidos por el entonces director de la comisión en diciembre de 2025, existe un total de 750 mil usuarios activos con una demanda de 150 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 664 mil son usuarios domésticos.
Sobre este tipo de figuras, el abogado Guillermo Rivera, quien combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió aspectos relacionados con estos despachos de cobranza, aunque la investigación no detalla la totalidad de sus declaraciones.
