Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU decidió solicitar que se lleve el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su resolución, el Comité concluyó que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”.
Ante esta determinación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su discrepancia con la decisión del CDF. La institución calificó como “acomodaticia” la narrativa del comité y señaló que su diagnóstico es potencialmente sesgado, afirmando que atendió la “opinión sesgada” de organizaciones como el Centro Prodh. La CNDH describió a estas agrupaciones como “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”.
En contraste con la postura del organismo internacional, la CNDH aseguró que en México la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico'”. Asimismo, la comisión indicó que los casos cometidos por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”.
El Comité de la ONU aclaró que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos, aunque sí documentó casos con participación directa o indirecta de servidores públicos. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró que la decisión del Comité “abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado” frente a la crisis de desapariciones y señaló que este proceso “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación”.
Organizaciones civiles respaldaron la acción del comité. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó el rol de la CNDH en los últimos años, lo cual, a su juicio, “sólo confirma su pérdida de autonomía y la cooptación partidista”. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también apoyó la decisión y afirmó que “desde la guerra sucia (1965-1990), el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política”.
Según el registro nacional, en el país existen 132 mil 846 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. Entre 2009 y septiembre de 2025, la CNDH registró 396 quejas por hechos que incluyeron la desaparición forzada o involuntaria de personas. De 2020 a 2025 se registraron 46 expedientes de queja sobre este tema, lo que representa el 11.6 por ciento del total desde 2009. Tamaulipas concentra la mayoría de quejas con 72, seguido por Veracruz (42), Michoacán (40), Chihuahua (38) y Coahuila (34).
En cuanto a procesos judiciales, de noviembre de 2014 a agosto de 2025, en los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) han sido tramitados 153 asuntos relacionados con desaparición forzada de personas, con 357 presuntos responsables imputados. Del total de imputados, sólo en 26 casos derivaron en sentencias, de las cuales nueve fueron condenatorias y 17 absolutorias.
