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Asesinan al alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, quien había solicitado protección tras amenazas

San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026. El alcalde sufrió extorsión y amenazas antes de ser ejecutado por un comando armado, según indicó la Fiscalía de Oaxaca, que anunció el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos.

Bravo Martínez no se dejó extorsionar por el crimen organizado y había manifestado que temía por su vida. Semanas antes del homicidio, el edil había sufrido un ataque y un secuestro virtual por parte de sujetos armados. Durante una mesa regional de seguridad realizada el 11 de mayo, el alcalde solicitó protección y se le prometió asignarle escoltas, pero estos nunca llegaron.

Jorge Romero señaló que se trata de “un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”. Por su parte, el PAN mencionó que “Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida” y exigió “a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”.

El Gabinete de Seguridad federal informó que apoyará al gobierno de Oaxaca para esclarecer el asesinato. En un comunicado, las autoridades federales indicaron que “mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad”. Asimismo, señalaron que han reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.

Alejandro Moreno condenó con firmeza el asesinato y afirmó que “su ejecución no es un hecho aislado. Es una muestra más de la violencia que sigue ganando terreno en nuestro país, mientras el gobierno de MORENA es incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”. Agregó que “cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”, advirtiendo que “la impunidad se ha convertido en el mejor aliado de los criminales”.

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