Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece límites a las pensiones superiores a un millón 107 mil pesos mensuales, dirigida principalmente a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro. La decisión legislativa, tomada el 25 de marzo de 2026, busca reducir los montos de jubilación que el Congreso ha identificado como privilegios desmedidos.
Durante la sesión, se registraron posturas divergentes entre los legisladores respecto al alcance y la justicia de la medida. La diputada Lilia Aguilar Gil, identificada como integrante del Partido del Trabajo, justificó la reforma al calificar estas percepciones económicas como un privilegio corrupto que debe ser erradicado del erario público. Por su parte, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió que el recorte podría afectar injustamente a personas con altos niveles de especialización y décadas de servicio a las empresas estatales.
El debate legislativo también contó con la participación del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, aunque los detalles específicos de su intervención no fueron detallados en los registros disponibles. La reforma tiene carácter retroactivo, lo que implica que aplicará para quienes ya se encuentran jubilados y perciben montos por encima del techo propuesto. Algunas propuestas discutidas en el marco de la iniciativa sugieren que las pensiones podrían ajustarse a niveles cercanos a los 70 mil pesos mensuales.
La aprobación de la norma coincidió con muestras de inconformidad fuera del recinto parlamentario. Grupos de pensionados de las empresas afectadas intentaron realizar protestas en las inmediaciones de San Lázaro, incluyendo acciones descritas como un “portazo” para manifestar su rechazo a la modificación de sus derechos adquiridos. Las cifras oficiales sobre el número exacto de beneficiarios que verían reducidos sus ingresos no fueron especificadas durante el proceso de votación.
Con esta determinación, el Congreso da un paso firme en la reestructuración del gasto destinado a pasivos laborales de las empresas productivas del Estado. La implementación de los nuevos topes pondrá a prueba la viabilidad legal de aplicar cambios retroactivos a contratos colectivos y regímenes de jubilación previos, en un contexto donde la defensa del ahorro de recursos públicos choca con la seguridad social de los trabajadores retirados.
