Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación con carácter retroactivo. La medida, impulsada por el Ejecutivo federal, fue validada durante la sesión del 25 de marzo en medio de protestas de grupos de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con lo aprobado, el monto máximo de las pensiones no podrá exceder la mitad de la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal. Aunque existen variaciones en las fuentes consultadas respecto a la cifra exacta, se estima que el límite se situará alrededor de 70,000 pesos mensuales, tomando como referencia el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La normativa excluye expresamente de este techo a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
El dictamen incorpora lenguaje inclusivo y ha generado un intenso debate político debido a su cláusula de retroactividad. Durante el proceso, se reportaron intentos de ingreso por la fuerza al recinto parlamentario por parte de jubilados de empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes rechazan la modificación a sus prestaciones ya adquiridas. La votación final presentó discrepancias en los registros informativos: mientras una fuente indica una aprobación unánime con 458 votos a favor, otra reporta 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones.
En tribuna, la diputada Margarita Zavala cuestionó la validez jurídica de la reforma, sosteniendo que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala señaló que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa sobre el alcance real de la medida para los pensionistas actuales.
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa pese a sus reservas. Moreira advirtió sobre los riesgos legales de la retroactividad y las omisiones detectadas en el dictamen, afirmando que aunque están en contra de las llamadas “pensiones doradas”, consideró que la estrategia de Morena no es la más eficaz para eliminarlas.
Con esta aprobación en lo general, la reforma avanza en el proceso legislativo para modificar el marco de percepciones de los servidores públicos de confianza. La inclusión del efecto retroactivo podría derivar en impugnaciones legales por parte de los afectados, quienes argumentan la violación de derechos adquiridos, mientras el gobierno federal mantiene que la medida es necesaria para corregir desigualdades en el sistema de remuneraciones del Estado.
