Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y aseguró que mantendrá su defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed enfatizó que el Juicio de Amparo constituye el último baluarte del ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron los jueces y magistrados, quienes agregaron que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes y no una fórmula vacía.
La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia los juzgadores de carrera, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados sin contaminación partidista. “Cualquier modificación o reforma que no integre estas consideraciones será solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición de justicia”, aseveró la Jufed, subrayando que la independencia judicial es la única barrera que impide que el derecho se convierta en una herramienta de voluntad política.
En el contexto de la discusión de la reforma judicial, durante el debate en lo particular en San Lázaro fue rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero manifestó durante la discusión: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. También propuso que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria y que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años, eliminando la reelección correspondiente.
Por otro lado, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó la funcionaria electoral.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. En sexenios anteriores, tribunales federales han desechado cientos de amparos relacionados con grandes obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
