Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Policía Estatal de Colima abatió a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un enfrentamiento en la comunidad de El Alpuyequito, mientras en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, un ataque dejó cinco víctimas, entre ellas un muerto. Estos hechos ocurren en un contexto donde especialistas y autoridades advierten sobre la debilidad estructural de las corporaciones policiales locales y la necesidad de fortalecerlas frente a la violencia criminal.
En Colima, el operativo se registró en respuesta al asesinato de un policía estatal ocurrido el 27 de febrero. Durante el enfrentamiento, resultó abatido Iván “N”, alias “El Joker”, señalado como presunto líder de una célula del CJNG en la región, junto con otros tres hombres identificados como Fernando “N” (“La Bomba”), Junior “N” y Enrique “N” (“Chirimiki”). Una agente de la policía estatal resultó herida durante los hechos, según informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
En paralelo, en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres personas (una mujer y dos hombres) en posesión de más de 50 dosis de aparente droga, tras un ataque con arma de fuego registrado en el cruce de la Calle 4 y avenida Uno Poniente, colonia Renovación, Iztapalapa. El ataque dejó un saldo de cinco personas lesionadas, una de las cuales, un hombre de 40 años, falleció. Las otras víctimas son dos mujeres de 36 y 61 años y dos hombres de 5 y 25 años.
Más allá de los hechos violentos, analistas del sector seguridad señalaron la fragilidad de las policías municipales y estatales. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que muchas de estas corporaciones carecen de capacidades básicas de investigación, equipamiento y salarios dignos, lo que las hace vulnerables a la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Ante esta debilidad, la estrategia federal ha optado por una mayor coordinación a través del Gabinete de Seguridad y el uso de militares en cargos civiles clave.
En otro frente de la política de seguridad, durante un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sergio Guerrero Olvera, llamó a diseñar “acciones específicas de defensa” contra la violencia digital dirigida a mujeres en política. La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha referido a la necesidad de proteger a las candidatas y funcionarias de los ataques en línea, que buscan inhibir su participación pública.
El escenario de seguridad en México continúa mostrando una dualidad: operativos de alto impacto con resultados letales contra presuntos criminales, como el registrado en Colima, coexisten con una violencia urbana persistente, ejemplificada en el ataque en Iztapalapa. Sin embargo, expertos insisten en que, sin una reforma profunda que dote de capacidades reales y recursos suficientes a las policías locales, la estrategia seguirá dependiendo en gran medida de la intervención de fuerzas federales y militares, sin atacar las causas estructurales de la inseguridad.
