Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio ocurrido en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.
Las organizaciones involucradas, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados, Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez, Fundación para la Justicia e Instituto para las Mujeres en la Migración, denunciaron que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen a través de una justicia desigual.
De las 82 víctimas registradas (40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes), hasta la fecha sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad. El ex comisionado del INM, Francisco Garduño, continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público, señalaron los defensores.
En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, las organizaciones civiles expusieron las deficiencias en la reparación del daño. Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, indicó que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, incluyendo 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones.
Los representantes de las organizaciones afirmaron que el Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, lo que ha impedido que accedan a una reparación integral del daño. Además, señalaron que existen procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.
La vigilia y el viacrucis convocados en el puente internacional Santa Fe buscaron visibilizar la falta de justicia efectiva para las víctimas del incendio migratorio. Las organizaciones mantienen su exigencia de que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se garantice acceso pleno a la justicia para todos los afectados.
Mientras persista la impunidad y no se logre una justicia efectiva, las familias de las víctimas y las organizaciones acompañantes continuarán demandando esclarecimiento total de los hechos, sanción a los responsables y medidas estructurales que eviten la repetición de tragedias similares en instalaciones bajo custodia del Estado mexicano.
