Por Redacción
Ciudad de Mexico, 27 de agosto de 2026.- La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, presentó la ‘Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México’. El documento busca abordar la violencia institucional y la discriminación que sufren las mujeres privadas de libertad.
La guía se basa en un diagnóstico construido con los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Según María Luisa Montoya García, quien participó en la presentación, “nos hemos dado cuenta de que la mujer es más fácilmente penalizada por el simple hecho de ser mujer”.
De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México citados en el lanzamiento, el 49.4 por ciento de las mujeres encarceladas estaba sin sentencia hasta abril de 2025, frente al 38 por ciento de los hombres. Las mujeres representan el 5 por ciento de la población penitenciaria total, equivalente a 14 mil 28 personas para esa fecha.
El diagnóstico recoge experiencias de violencia que incluyen revictimización, falta de perspectiva de género y obstáculos para acceder a la justicia. Montoya destacó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penal que “castiga doblemente” a las mujeres. Advirtió sobre la tortura psicológica y física en las cárceles, señalando que las reclusas “también pueden ser violadas, vendidas o castigadas torturándolas si ellas no se prestan” a favores sexuales.
Entre los patrones documentados figura el abandono sanitario, específicamente la falta de productos de higiene menstrual y ropa íntima. Al respecto, Montoya afirmó: “Al no tener toallas sanitarias, terminan usando, no sé, un pedazo de trapo o lo que sea”. La activista añadió que el objetivo es “visibilizar todo lo que la autoridad tendría que estar trabajando” en centros donde “se ha torturado mucho a la mujer, donde se le ha criminalizado y son más abandonadas por las familias”.
Uno de los casos incluidos en la guía es el de María, quien pasó 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024. Durante su encierro, su hijo pasó de tener cinco años a ser adulto y ella se convirtió en abuela. Al salir a los 49 años, María enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del reto de reconstruir su vida.
