Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos no será en México, sino que al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside en el país vecino.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones; sin embargo, no han resultado efectivos. A la postre, la sociedad se entera de las malas mañas y nexos de diversos funcionarios.
De haber sido eficaces estos mecanismos, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado. Tampoco habría exservidores públicos huidos que realizan gran aportación de datos a satisfacción de Estados Unidos, ni estarían detenidos el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes bajo proceso por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados.
Asimismo, no se conocerían los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. En el caso de Rubén Rocha Moya, en México poco importaron denuncias endilgadas en las elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular autorizaciones otorgadas por el INE. Ya hay aspirantes como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño con dificultades a partir de las visas.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona para elegir qué escuchar, ver y leer. Bajo este contexto, la Comisión Reguladora analizará en consulta pública si corresponde al gobierno calificar notas periodísticas o descalificar públicamente a periodistas y medios.
