Ciudad De México, 19 de junio de 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por mil millones de dólares con el objetivo inicial de convertirlos en centros de detención para inmigrantes. La agencia venderá o traspasará a otras agencias federales dichas instalaciones, en las que invirtió 700 millones de dólares para su adquisición.
La conversión de estos almacenes en centros de detención formaba parte de la política antiinmigrante del Gobierno del presidente Donald Trump, impulsada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sin embargo, el nuevo secretario, Markwayne Mullin, ha declarado públicamente su deseo de que la agencia sea más discreta en la ejecución de las medidas de control migratorio.
Entre los recintos que ya no abrirán sus puertas figura el almacén adquirido por ICE en Roxbury, Nueva Jersey. La gobernadora demócrata del estado, Mikie Sherrill, celebró la decisión y la calificó como una victoria para la seguridad pública, el municipio de Roxbury y el estado. “Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey”, afirmó Sherrill.
La compra original de los almacenes, destinada a establecer una red de 24 nuevos centros, generó rechazo en las comunidades opositoras. Incluso líderes republicanos enviaron cartas al Departamento de Seguridad Nacional para oponerse a la instalación de estos centros en las comunidades que representan. Según el inspector general del país, por algunos de estos almacenes se pagó más de 145 millones de dólares, cifra que no incluye la inversión requerida para renovarlos.
El mayor obstáculo para el proyecto han sido las demandas ambientales enfrentadas bajo la ley federal. Al respecto, el New York Times señaló: “La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas”.
