Chilapa, 31 de mayo de 2026.- Desde el 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero. Los agresores utilizaron armas de alto calibre y realizaron bombardeos con drones durante más de ocho horas.
Estas acciones han provocado el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, según lo denunció el Congreso Nacional Indígena (CNI). Las comunidades afectadas integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), organización que ha sido víctima de asesinatos, desapariciones, hostigamiento y amenazas.
De acuerdo con reportes de autoridades indígenas, en los últimos 12 años el crimen organizado, específicamente el grupo ‘Los Ardillos’, ha asesinado por lo menos a 81 personas y desaparecido a otras 25 en la región. El incremento de hechos de violencia se registra por lo menos desde 2014 en la Montaña Baja de Guerrero, territorio disputado por grupos criminales.
Los ataques actuales buscan desarticular la organización indígena que ha resistido tanto al crimen organizado como a los megaproyectos extractivos. El desplazamiento forzado resultante supone para las familias el abandono de todo medio de sustento económico.
Antecedentes de esta situación indican que en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Cipog-EZ.
