Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó con 377 votos a favor y 102 en contra, quedando sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.
La reforma contó con el respaldo de la alianza Morena-PVEM-PT y del opositor Movimiento Ciudadano (MC). El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo (PT) respaldará la minuta, subrayando que la bancada votará a favor en los términos aprobados por el Senado. “La vamos a acompañar con toda contundencia”, dijo Sandoval.
Por el contrario, el PAN y el PRI votaron en contra. Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez y Erubiel Alonso, ambos del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas. Durante el debate, la legisladora Laura Cristina Márquez criticó el contexto social: “Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales… México se rezaga y no lo quieren ver”.
El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. No obstante, reconoció las limitaciones del acuerdo: “Lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta”.
Entre los puntos clave, la reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo principios de paridad de género. Además, precisa que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
La iniciativa indica que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados y titulares de órganos administrativos del INE y organismos locales no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución. Cabe destacar que la reforma no contempla modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.
En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. Asimismo, se estipula que el presupuesto del Senado se ajustará de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes. La diputada Abigail Arredondo Ramos cuestionó la medida: “Esta reforma es incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicas e inservibles”.
