La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero. La dependencia estatal detectó un esquema financiero que involucra transferencias bancarias por un monto total de 54 millones 876 mil 222 pesos provenientes de cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3 mil 591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas presuntamente por integrantes de una red de corrupción. La investigación señala específicamente a Villarreal por disponer de 762 mil pesos para uso personal dentro de este esquema. Además, la fiscalía la vincula como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.
En el marco de este caso, ya se encuentran detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario. También fue llamado a cuentas por operaciones con recursos de procedencia ilícita Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto.
Pese a la vinculación formal por lavado de dinero, surgieron contradicciones respecto al tipo penal imputado. Una fuente de la Contraloría Estatal indicó que tanto Villarreal como Reyes debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado. Por su parte, reportes periodísticos señalan que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco y autorizó transferencias mientras la cuenta se vaciaba.
La red de corrupción en el Instituto de Vivienda de Baja California Sur continúa bajo escrutinio mientras se define la situación legal de los involucrados. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales que aclaren la discrepancia entre la imputación por operaciones con recursos ilícitos y la sugerencia de la Contraloría de cambiar la acusación a peculado, ni se ha confirmado el destino final de los recursos investigados.
