Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la implementación del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, un nuevo requisito obligatorio que entrará en vigor el 24 de abril de 2026 y que busca combatir el huachicol fiscal y el mercado ilícito de combustibles mediante la trazabilidad de las operaciones.
Este mecanismo, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), exigirá que todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por la venta de gasolina regular, premium o diésel incluyan dicha validación. El esquema obliga a los establecimientos a contar con un permiso vigente ante la CNE; si el permiso, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la clave de producto no coinciden, el comprobante no podrá certificarse.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el SAT, esta herramienta digital forma parte de una estrategia integral del Gobierno de México para garantizar que la comercialización de hidrocarburos se realice de manera lícita y transparente. La medida tiene como objetivo fortalecer los controles fiscales en el sector energético y cerrar espacios a prácticas como la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.
Antes de la fecha de entrada en vigor, las autoridades federales hicieron un llamado a los permisionarios de venta de combustibles para verificar la vigencia de sus autorizaciones ante la Comisión Nacional de Energía y regularizar su situación en caso de ser necesario. Solo aquellos con estatus activo podrán emitir facturas electrónicas por estos conceptos a partir del 24 de abril.
La implementación de este nuevo candado fiscal se suma a una ofensiva más amplia contra distintas modalidades del huachicol en el país. Como antecedente reciente, en julio de 2025, autoridades reportaron la desarticulación de una red dedicada al robo de hidrocarburos, lo que refleja la continuidad de las acciones gubernamentales para erradicar el mercado ilegal de energéticos.
