Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope máximo a las pensiones del personal de confianza en el sector público, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue avalada con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
De acuerdo con los datos de la votación, el tope de pensión queda fijado en la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, monto que asciende aproximadamente a 70 mil pesos mensuales. La reforma ya había sido aprobada previamente en el Senado de la República con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección de privilegios en el servicio público. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa a pesar de expresar inconformidad y críticas por omisiones y riesgo de retroactividad en la aplicación de la medida.
La aprobación legislativa generó movilizaciones de jubilados y pensionados tanto en los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro como en el Congreso local de Baja California. Los manifestantes expresaron su temor a que la reforma se aplique de manera retroactiva afectando pensiones ya constituidas.
Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, participó en las protestas representando a los grupos de pensionados que rechazan posibles efectos retroactivos de la reforma. Las agrupaciones han mantenido su postura crítica durante el proceso legislativo.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma constitucional requiere ahora el aval de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor. Una vez completado este proceso, será enviada a la presidenta para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La controversia entre legisladores oficialistas y opositores se centra en el alcance temporal de la medida. Mientras diputados de Morena defienden la reforma como necesaria para eliminar privilegios, el PRI y grupos de jubilados advierten sobre posibles omisiones en el texto y consecuencias no previstas para pensionados actuales.
