Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia, señalados como responsables intelectuales del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La medida judicial incluye la fijación de recompensas económicas para quienes aporten información que permita la ubicación de los implicados, en un caso que también ha derivado en cuestionamientos sobre la seguridad brindada al político.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, se estableció una recompensa de cinco mil millones de pesos por alias Iván Márquez, líder del grupo armado ilegal. Asimismo, se ofrecieron cuatro mil millones de pesos por cada uno de los otros dos objetivos principales: John 40 y Zarco Aldinever. Estas cifras reflejan la prioridad que tiene para la justicia la captura de estos individuos vinculados directamente al magnicidio.
Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía General, junto con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), comparecieron para informar sobre los avances del caso. Durante su intervención, se destacó que el proceso judicial no solo persigue a los ejecutores materiales, sino que también apunta hacia posibles responsabilidades administrativas y preventivas dentro de la UNP, organismo encargado de la seguridad del senador al momento de los hechos.
La investigación ha permitido identificar a siete cabecillas principales de la Segunda Marquetalia como los determinadores del crimen. Aunque la información sobre el caso circula desde fuentes en Nueva Jersey, Estados Unidos, las acciones legales se enfocan en desmantelar la estructura que ordenó el atentado contra el legislador, quien falleció como consecuencia de las heridas recibidas durante el ataque.
El caso ha generado un amplio despliegue operativo para localizar a los prófugos, cuyas identidades han sido confirmadas mediante testimonios y análisis de inteligencia. Las recompensas anunciadas buscan incentivar a la ciudadanía y a posibles desertores del grupo armado a colaborar con la justicia para cerrar este capítulo de violencia política.
Mientras se activan los mecanismos para la captura de los sindicados, persiste el escrutinio sobre los protocolos de seguridad que rodeaban al senador Miguel Uribe Turbay. La vinculación de funcionarios de protección en las líneas de investigación sugiere que las próximas etapas del proceso podrían revelar fallas sistémicas que facilitaron la ejecución del crimen por parte de la disidencia armada.
