Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral denominada ‘Plan B’ superó este martes la etapa de comisiones en el Senado de la República, donde fue aprobada con 24 votos a favor y 11 en contra, aunque su tránsito hacia el pleno enfrenta incertidumbre debido a la falta de consenso en la coalición oficialista y una disputa interna dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
En la sesión de comisiones unidas, los senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) lograron sacar adelante el dictamen, no sin antes revelar fisuras en su alianza. Mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, difundió mensajes asegurando la unidad de los tres partidos, legisladores del PT se ausentaron durante la votación, manteniendo su postura de no apoyar la reforma si no se modifica la fecha propuesta para la revocación de mandato, la cual está programada para 2027.
Para que la reforma constitucional sea válida, el pleno del Senado requiere reunir 86 votos de los 128 integrantes, lo que representa una mayoría calificada de dos terceras partes. Con 67 senadores de Morena, 14 del PVEM y 9 del PT, el oficialismo depende críticamente de la postura final del Partido del Trabajo, cuyo liderazgo aún no ha confirmado su sentido del voto para la sesión plenaria programada para este miércoles.
Paralelamente al debate legislativo, surgió una controversia institucional respecto a un documento enviado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al Senado, en el que se exponen dificultades técnicas y operativas para implementar el ‘Plan B’. Dicho envío fue desautorizado inmediatamente por siete de los 11 consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz—, quienes emitieron una carta señalando que el texto no fue consensuado y no representa la postura oficial del organismo electoral.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, fue una de las voces que se sumaron a la crítica contra el avance de la reforma en comisiones, reflejando la oposición de los partidos que no forman parte de la coalición gobernante. La propuesta legislativa incluye ajustes a los ingresos de funcionarios electorales, límites al presupuesto de los congresos estatales y restricciones al número de regidurías municipales, además del polémico punto sobre la revocación de mandato.
La aprobación en comisiones se logró mediante mayoría simple, pero el verdadero desafío político se concentra en las próximas horas, donde la negociación con el PT y la clarificación de la postura del INE serán determinantes para alcanzar los votos necesarios en el pleno. La discrepancia entre la acción individual de la consejera presidenta y el deslinde de la mayoría del consejo añade complejidad al entorno en el que se discutirá el futuro del sistema electoral mexicano.
