Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos denunciados por colectivos en Jalisco y Sonora, hasta ataques contra instalaciones de defensores de derechos humanos en Chiapas, contrastando con la postura oficial del Gabinete de Seguridad que minimiza la situación en Quintana Roo al afirmar que las personas reportadas como no localizadas ya se encuentran en sus hogares.
En Tequila, Jalisco, Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo Buscando Corazones Jalisco, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias. Este hallazgo se suma a la tensión creciente entre buscadores independientes y la respuesta institucional.
Por su parte, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró mediante declaraciones en redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, Kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque la investigación no especifica cuál de sus hijos podría ser ni confirma la validación oficial mediante pruebas de ADN, el reporte subraya la persistencia de las familias en la búsqueda ante la falta de resultados gubernamentales.
La situación de los defensores se agravó en Tapachula, Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones ocurrido el 22 de marzo de 2026. El organismo señaló un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a episodios de hostigamiento contra periodistas y activistas en la región.
En contraste con las denuncias de impunidad y omisión, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado oficial respecto a Quintana Roo, afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”. Esta declaración contrasta con la percepción de crisis reportada por otras fuentes y con las 20 solicitudes de Alerta Amber que, según autoridades, fueron atendidas en la entidad.
La complejidad del panorama incluye casos de aparición con vida, como el de siete electricistas en Matehuala, San Luis Potosí, quienes fueron interceptados por un grupo criminal para ser reclutados y retenidos más de dos días, según declaró un electricista anónimo a medios. Para su liberación, se desplegaron 600 agentes en la búsqueda. Asimismo, en Torreón, Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones, aunque el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo.
El contexto nacional refleja una disparidad entre la acción de las familias y colectivos, que continúan localizando restos y presionando por respuestas, y una estructura institucional que oscila entre la negación del problema, la negligencia en la protección de sitios forenses y la falta de garantías para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en zonas de alta violencia.
